22
Dic

LOTERÍA DE NAVIDAD. ¿CUÁNTO DINERO NOS LLEVARÍAMOS REALMENTE SI NOS TOCA UN PREMIO?

Como cada año, llega la esperada Lotería de Navidad, dónde se otorgan grandes premios a los más agraciados. Pero, ¿Cuánto dinero nos quedamos realmente después de pagar los impuestos?

Los premios otorgados son los siguientes (por décimo de 20 euros):

1er premio: 400.000 euros.

2do premio: 125.000 euros.

3er premio: 50.000 euros.

4to premio: 20.000 euros.

5to premio: 6.000 euros.

En virtud de lo dispuesto en el art. 2.6 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, el porcentaje de retención será del 20 %.

Teniendo en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos (para el año 2019 eran los primeros 20.000 euros), solo tributarían el 1er, 2do y 3er premio.

Por ello, procederemos a poner 3 ejemplos con cada uno de los premios para ver en la práctica el dinero que se llevaría cada uno de los premiados con un décimo de 20 euros jugados.

PRIMER PREMIO: Si tenemos la suerte de que nos toca con un décimo de 20 euros el primer premio de 400.000 euros, este tributaría al 20% sobre 360.000 euros (400.000 – 40.000), puesto que los primeros 40.000 están exentos, por lo que se practicaría una retención de 72.000 euros y recibiríamos finalmente la cantidad de 328.000 euros netos.

SEGUNDO PREMIO: Si tenemos la suerte de que nos toca con un décimo de 20 euros el segundo premio de 125.000 euros, este tributaría al 20% sobre 85.000 euros (125.000 – 40.000), puesto que los primeros 40.000 están exentos, por lo que se practicaría una retención de 17.000 euros y recibiríamos finalmente la cantidad de 108.000 euros netos.

TERCER PREMIO: Si tenemos la suerte de que nos toca con un décimo de 20 euros el tercer premio de 50.000 euros, este tributaría al 20% sobre 10.000 euros (50.000 – 40.000), puesto que los primeros 40.000 están exentos, por lo que se practicaría una retención de 2.000 euros y recibiríamos finalmente la cantidad de 48.000 euros netos.

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21
Dic

LEY DE EUTANASIA. LAS CLAVES PARA ENTENDER LA NUEVA LEY DE AYUDA NECESARIA PARA MORIR.

Hemos visto cómo la semana pasada el gobierno aprobó con 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones, la Proposición de Ley que regulará la Eutanasia en España, que, tras los trámites legales pertinentes, entrará como el 6º País del Mundo en aprobar una ley que regule la ayuda a morir.

¿Cuáles son los aspectos fundamentales para entender esta Ley? Pasaremos a desarrollarlos a continuación.

¿Qué regula la ley?

La Ley de Eutanasia, que se aprobará mediante Ley Orgánica, regulará el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse en todo momento para solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir.

¿Qué requisitos se exigen para poder recibir la prestación de ayuda para morir?

Es requisito indispensable que se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

  1. Tener la nacionalidad española o residencia legal en España, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.
  2. Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos.
  3. Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas (que podrá ser menor si el médico lo considera oportuno).
  4. Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable.
  5. Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir, que se incorporará a la historia clínica del paciente.

Para ello, como hemos visto en el anterior punto 3., será necesario formular la Solicitud de prestación de ayuda para morir, la cual debe tener una serie de requisitos, que pasaremos a ver a continuación:

  • Deberá hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el paciente solicitante, o bien por otro medio fehaciente. Si el paciente por sus condiciones de salud no pudiera, podrá fecharlo y firmarlo en su presencia otra persona en su nombre.
  • El documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará y lo incluirá en el historial clínico del paciente.
  • El solicitante de la prestación de ayuda para morir podrá revocar su solicitud en cualquier momento, incorporándose su decisión en su historia clínica.
  • El médico, en los casos en los que el paciente no tuviera capacidad de prestar su conformidad, pero lo hubiera hecho anteriormente mediante testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, podrá presentar la solicitud de prestación de ayuda para morir por el paciente.

Igualmente, en cualquier caso, el médico podrá denegar la solicitud de ayuda para morir, siempre de forma motivada y con un posterior plazo de alegaciones de 15 días.

¿Qué entendemos por enfermedad grave e incurable, requisito necesario para presentar la solicitud?

Es aquella que origina a sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.

Por todo lo expuesto, de ahora en adelante, España regula el derecho a la muerte digna.

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01
Oct

TARJETAS DE CRÉDITO “REVOLVING” Y USURA. ¿DERECHO A DEVOLUCIÓN DE LOS INTERESES?

Desde Rosado & Asociados venimos a informar a todos nuestro seguidores acerca de las Tarjetas de Crédito “Revolving”, un fenómeno cada vez más habitual que sigue perjudicando a los consumidores.

Las entidades financieras de nuestro país, a lo largo de los años, han tenido la función de conceder préstamos a los ciudadanos para facilitar la compra, bien de una vivienda, un coche, o simplemente conceder financiación para hacer frente a los gastos mensuales de cada familia.

Debido al alto número de contratos que tenían que firmar al día con numerosos clientes, y para aumentar la productividad, incluían en los mismos unas cláusulas, denominadas Condiciones Generales de la Contratación, las cuales ya estaban redactadas y predispuestas en el contrato, y eran iguales, independientemente del cliente con el cual se estuviera contratando.

A la habitualidad de los gastos hipotecarios y las cláusulas suelo, se ha sumado una nueva modalidad, llamada Tarjeta de Crédito “Revolving”, que se dan a través de entidades financieras que ofrecen dinero rápido a través de una Tarjeta de Crédito, bien física o bien virtual, por la cual se le ingresa al cliente en su cuenta bancaria la cantidad de dinero que necesite en cualquier momento, cantidad que no pagará hasta el mes siguiente.

La entidad financiera va autorizando el gasto contra un saldo máximo permitido prefijado ( y ampliable en muchas ocasiones) en esta tarjeta de crédito, y va cargando también contra ese saldo máximo permitido los intereses y comisiones que se “pactan” (aunque ello no es así en realidad) en las condiciones generales de contratación

Estos intereses generados (que suelen ser bastante altos), se van añadiendo a la cantidad pendiente de pago, por lo que cada vez vamos pagando más y más intereses y la baja cuota que amortizamos de principal hace que, en ocasiones casi nunca saldemos nuestra deuda por completo.

Por ello, y ante las numerosas reclamaciones de consumidores en los juzgados ante este sistema evidentemente injusto, el Tribunal Supremo dictó una Sentencia con fecha de 04 de marzo de 2020, en la cual se despejan todas las dudas sobre los fundamentos de esta reclamación jurídica.

Esta sentencia establece como usurario un TAE (Tasa Anual Equivalente) del 26,82 %, declarando dicha cláusula nula, y condenando a la entidad a la devolución de todas las cantidades pagadas en exceso sobre el capital prestado, por lo que únicamente el cliente pagará el dinero realmente solicitado, sin inclusión de interés alguno.

Se fundamenta dicha resolución en la aún vigente Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, que a pesar de su longevidad, se sigue aplicando con total firmeza, así como en el Código de Comercio, el Código Civil, en el TRLGDCU y en la anterior Sentencia del TS de 25 de noviembre de 2015, normativas que no hacen otra cosa que considerar nulas las clausulas abusivas que no superan el control de transparencia requerido en las directivas europeas, necesario en la formalización de préstamos donde concurre un consumidor.

Igualmente, muchas Audiencias Provinciales han seguido el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo, como ocurre con la Audiencia Provincial de Cáceres, que apoya la nulidad de este tipo de cláusulas por las cuales se le impone al consumidor un Tipo de interés notablemente superior al del normal del dinero.

Por tanto, el procedimiento a seguir es muy parecido al que nos encontramos en las Cláusulas Suelo o Cláusulas de Gastos Hipotecarios, que puedes ver en nuestro Post publicado en esta página web, en el siguiente enlace: https://www.rosadoasociados.es/noticias/devolucion-de-gastos-de-formalizacion-del-prestamo-hipotecario-sabes-que-tienes-derecho-a-reclamarlos-al-banco.html

Queremos transmitir a todos nuestros seguidores que podemos informales detalladamente de todos los aspectos relativos a esta reclamación y resolverles cuantas dudas tengan relacionadas con este asunto.

Asimismo, realizamos un estudio gratuito de su caso y examinamos la documentación relativa a su Tarjeta de Crédito modalidad “Revolving” sin ningún compromiso, a fin de informales de la existencia de las diferentes cláusulas que pueden tener incluidas en ella, y por las cuales puedan estar abonando cantidades a la entidad financiera que no les corresponden. Llámenos para concertar una cita y le asesoraremos en relación a todas las cláusulas abusivas que pueda tener en su Contrato de Préstamo Revolving.

Rosado & Asociados: 927 22 05 81 // 617 45 22 29. Info@rosadoasociados.es

Fuentes:

1.- STS 04 de marzo de 2020.

2.- STS 25 de noviembre de 2020 núm 628/2015.

3.- Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios.

4.- Código de Comercio.

5.- Código Civil.

6.- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

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16
Sep

“OKUPACIÓN” Y ALLANAMIENTO DE MORADA EN ESPAÑA. ¿REALIDAD O ALARMA SOCIAL?

INTRODUCCIÓN

Últimamente estamos viendo muchas noticias acerca de la “okupación” en los medios de comunicación españoles, datos estadísticos y casos particulares sobre personas que “okupan” una vivienda con el fin de permanecer en ella y arrebatársela a su legítimo dueño.

Nos gustaría comenzar el análisis de estas dos figuras con la simple mención de uno de los deberes de los poderes públicos y del Estado, establecido en la Constitución Española de 1978, la cual establece en su artículo 47 establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Para el análisis de todas las consecuencias jurídicas de cada figura, hay que distinguir cuando la ocupación se realiza de forma pacífica en una vivienda habitual (allanamiento de morada), o cuando nos encontramos con una vivienda que no constituye nuestra morada (usurpación).

ALLANAMIENTO DE MORADA

El allanamiento de morada es un tipo delictivo totalmente distinto a la usurpación, y procederemos a remarcar las diferencias existentes, ya que este no se produce de manera tan usual como se hace ver en nuestro país, pues los inmuebles y viviendas que se suelen ocupar suelen ser pisos vacíos y deshabitados pertenecientes a bancos o fondos buitres.

Se regula en el artículo 202 del Código Penal, que dispone que 1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”.

Para entender el anterior precepto, debemos de tener en cuenta el concepto de morada, definido por la jurisprudencia, refiriéndose a todas las dependencias de la casa habitada comunicadas entre sí, y es “el recinto, generalmente cerrado y techado, en el que el sujeto pasivo y sus parientes próximos, habitan, desarrollan su vida íntima y familiar comprendiéndose dentro de dicho recinto, dotado de especial protección, no solo las estancias destinadas a la convivencia en intimidad, sino cuantos anejos, aledaños o dependencias constituyan el entorno de la vida privada de los moradores, indispensable para el desenvolvimiento de dicha intimidad familiar, y que, de vulnerarse mediante la irrupción, en ellos, de extraños, implica infracción de la intangibilidad tutelada por la Ley”.

Igualmente, se entienden como morada todas aquellas segundas residencias donde las personas desarrollan su vida privada e intimidad, por lo que no habrá allanamiento de morada en aquellas casas que no constituyan morada de nadie, esto es, que se encuentren deshabitadas y vacías, siendo en ese caso usurpación, que explicaremos más adelante.

Por todo ello, existe una diferencia clara y determinante en los supuestos en los que nos encontramos con un allanamiento de morada, y es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden proceder al desalojo de los “okupas”, de forma inmediata, sin necesidad de una autorización judicial previa, siempre que se compruebe que esa vivienda estaba habitada, y donde residen los propietarios, que se puede dar a conocer a través de las declaraciones de los vecinos.

USURPACIÓN

Realmente, el delito de “okupación” no existe como tal, sino que es el término que se la da socialmente al delito de usurpación, regulado en el artículo  245 Código Penal.

Este artículo distingue entre la usurpación con violencia o intimidación, y la usurpación pacífica, que se da pese a que se haya forzado el acceso o se haya cambiado la cerradura, siendo esta última la más común y de la que hablaremos en el presente Post.

La tramitación de estos procedimientos de usurpación pacífica se realiza por los cauces del enjuiciamiento de delitos leves, establecido en los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ya el propio Tribunal Supremo ha establecido los requisitos para que se den los elementos del tipo penal. Establece como requisitos que la ocupación de la vivienda o inmueble que no constituya morada para alguna persona se realice con ánimo de permanencia en la misma, que el “okupa” carezca de titulo jurídico que legitime dicha posesión, que el titular del inmueble se muestre contrario a dicha ocupación (debiendo manifestarlo de manera expresa), y que exista dolo en el autor de la usurpación 1.

Al ser un delito leve, no puede haber medidas cautelares penales, por lo que debido a que no hay instrucción, no se puede proceder al inmediato desalojo por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por lo tanto, cabe aclarar que NO es posible desalojar a alguien de manera inmediata aunque no hayan pasado 48 horas desde la ocupación, pues no tiene cabida legislativa, debiendo procederse por los cauces normales del Delito Leve de Usurpación, los cuales suelen dilatarse bastante en el tiempo, tal y como se encuentra la Justicia de saturada actualmente.

CONCLUSIONES

Tras la lectura de un resumen de la amplísima legislación y jurisprudencia que abarcan la usurpación y el allanamiento de morada, tenemos que sacar como conclusión la notable diferencia que existe entre ambas, y que realmente lo más usual es la usurpación de viviendas de forma pacífica que no poseían un propietario que viviera en dicha vivienda.

Por ello debemos huir de títulos sensacionalistas de los medios de comunicación y verificar siempre la información que recibimos por parte de este mundo globalizado, pues no todo lo que vemos en internet debe tenerse como cierto.

En definitiva, si concurren alguno de los supuestos descritos anteriormente, queremos que sepas que en Rosado & Asociados podemos ayudarte en tu orientación y a resolver tu situación. Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para tu caso concreto y te informamos sin compromiso. (TELÉFONO 927 22 05 81 // 617 45 22 29 / e-mail: info@rosadoasociados.es).

FUENTES:

1.- “STS, Sala Segunda, nº 800/2014, de 12 de noviembre. Rec. 2374/2013. Ponente Cándido Conde-Pumpido Touron.”

2.- “STS, Sala Segunda, 1775/2000, de 17 de noviembre. Rec. 1458/1999. Ponente Julián Artemio Sánchez Melgar.”

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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16
Abr

CORONAVIRUS Y REVISIÓN DE ALQUILER DE LOCAL DE NEGOCIO

La crisis sanitaria por coronavirus ofrece la posibilidad de realizar una revisión, o incluso exoneración de la renta relativa al alquiler de un local de negocio. Aunque hay que estudiar caso por caso los contratos, existe jurisprudencia en otros casos de fuerza mayor que permiten plantear una suspensión.

Ante la difícil tesitura que se plantea a muchos empresarios a la hora de tener que seguir soportando el pago de los alquileres de sus locales de negocio sin tener ingresos, ROSADO & ASOCIADOS lanza un servicio por el cual, y de manera gratuita, se revisarán los contratos de arrendamiento que tengan en vigor de modo que puedan solicitar, bien de mutuo acuerdo, o bien en el futuro de manera judicial, la suspensión o modificación de la renta a pagar durante el periodo en el que no existan ingresos debidos a la crisis sanitaria del coronavirus.

Aunque, obviamente, no existen sentencias relacionadas con este asunto, entendemos que podrían aplicarse tanto artículos del Código Civil como jurisprudencia aplicada a otros casos de fuerza mayor que puedan forzar a los arrendadores a renegociar a la baja la renta, o incluso a exonerar del pago de la misma a los arrendatarios en una crisis de las dimensiones de la actual crisis sanitaria del coronavirus.

La teoría jurídica en que nos basamos se inspira en el necesario equilibrio de las contraprestaciones que las partes del contrato de arrendamiento de locales de negocio se deben, que se vuelven absolutamente en contra de los empresarios en el caso de que, por un motivo externo y absolutamente imprevisible, se vean obligados a cerrar sus negocios, como es la situación actual, debido al coronavirus.

Solo en el caso (creemos que extremadamente raro) en que el contrato previera las consecuencias de una crisis provocada por una fuerza mayor, como la crisis del coronavirus, el contrato tendría que cumplirse en su integridad. Sin embargo, entendemos que en más de un 85% de los casos el empresario podría tener derecho a que se le revisara su renta, bien reduciéndola o incluso es posible que pudiera ser exonerado de la misma.

Para prestar el asesoramiento, ROSADO & ASOCIADOS ha habilitado la cuenta de correo rosadoasociados@rosadoasociados.es donde el empresario que desee que nuestros servicios jurídicos revisen su contrato GRATUITAMENTE, podrán remitirlo escaneado junto con sus datos personales y un teléfono de contacto.

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19
Mar

Resumen de las Medidas Económicas para empresas frente al Coronavirus

PRESTACIÓN A AUTÓNOMOS POR CESE/ REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD

Artículo. 17.- los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad ( el 70 por ciento a la base reguladora). La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado

En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior

El órgano gestor será la Mutua de Accidentes de Trabajo que tenga contratada el autónomo.

INTERRUPCIÓN DEL PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS

Artículo 21. Durante la vigencia del Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien on-line. El cómputo de los plazos se reanudará al finalizar el estado de alarma.

FLEXIBILIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)

      Artículo 22. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

Las consecuencias de esta consideración son el cese de la obligación del trabajador de prestar su trabajo y del empresario de remunerar el trabajo y de cotizar a la seguridad social.

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ERTE POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

(Procedimiento que recomendamos desde la FEC)

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa en el modelo que se acompaña como anexo I, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.

Esta documentación acreditativa es la siguiente:

1.- Para los sectores señalados en el anexo II que se acompaña: documento justificativo de que la actividad está incluida en esos sectores ( ejemplo licencia de actividad y modelo 036 de la AEAT).

Para el resto de sectores una memoria que justifique la causa alegada

2.- Copia de la comunicación realizada a los trabajadores y sus representantes (si los hubiera)

3.- Relación nominal de todas las personas afectadas desglosadas por provincia indicando su DNI y número de afiliación a la Seguridad Social.

. En Extremadura esta documentación se presentará a través del registro electrónico https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

Una vez presentado, debe escanearse y enviarse a los siguientes correos:

Para empresas con centros de trabajo ubicados en la provincia de Badajoz: Unidad de Mediación Arbitraje y Conciliación de Badajoz- conciliaciones.ba@juntaex.es

Para empresas con centros de trabajo ubicados en la provincia de Cáceres: Unidad de Mediación Arbitraje y Conciliación de Cáceres- umaccaceres@juntaex.es.

Para empresas con centros de trabaja ubicados en ambas provincias: Dirección General de Trabajo- trabajoysanciones@juntaes.es.

SIMULTÁNEAMENTE, la empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras (se incluye como anexo modelo de carta a remitir a los trabajadores, que puede remitirse por email o incluso por sms) y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas ( representantes sindicales)

 La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral (en el caso de Extremadura la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo) , cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

 La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor (en principio, y salvo otra interpretación entendemos que desde el 14/03/2020).

  El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días. (Entendemos que, dado lo evidente de la situación la autoridad laboral omitirá este informe en la mayoría de los casos).

Art. 24 .Exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social:

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

  1. Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social.
  2. La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.

PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN O REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSA ECONÓMICA, TÉCNICA ORGANIZATIVA Y DE PRODUCCIÓN

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes (artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores):

En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.

El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de siete días.

El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días.

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, salvo en lo relativo al desarrollo del período de consultas y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En este supuesto NO HAY EXONERACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.

DESEMPLEO PARA LOS TRABAJADORES AFECTADOS

Se reconoce a los trabajadores afectados el derecho a percibir la prestación por desempleo durante el tiempo en que se mantenga la causa del ERTE, incluso aunque no se haya cotizado el periodo mínimo. El periodo de percepción del subsidio por desempleo no computará a los efectos de consumo del periodo máximo de prestación.

MEDIDAS PARA LA LIQUIDEZ DE EMPRESAS

Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.

PLAZOS TRIBUTARIOS

Artículo 33.- Suspensión de plazos en el ámbito tributario.

Los plazos de pago de la deuda tributaria que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a fecha 18/3/2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.

Las comunicaciones tributarias, pagos o requerimientos que se reciban a partir del 18/03/2020 se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Si el obligado tributario atendiera al requerimiento antes se considerará evacuado el trámite.

El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. Tampoco computará a los efectos de plazo de comprobación por parte de la administración prescripción o caducidad.

 A los solos efectos del cómputo de los plazos de cuatro años de prescripción, en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

MEDIDAS RESPECTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE PERSONAS JURÍDICAS

 Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano

     El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.

Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.

Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

PLAZO DEL DEBER DE DECLARACIÓN DE CONCURSO

Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Tampoco lo tendrá la empresa que se encuentre en “preconcurso” (art. 5 bis Ley Concursal).

Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

ANEXO I.- SE TRATA DE UN MODELO DE COMUNICACIÓN/SOLICITUD A LA AUTORIDAD LABORAL DE EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO.

Si lo necesitas puedes solicitarnos este modelo de comunicación/solicitud en el correo electrónico info@rosadoasociados.es.

ANEXO II.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE NO NECESITAN MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA EL ERTE (a juicio de la FEC y que a continuación se exponen)

Museos.

Archivos.

Bibliotecas.

Monumentos.

Espectáculos públicos.

Esparcimiento y diversión:

Café-espectáculo.

Circos.

Locales de exhibiciones.

Salas de fiestas.

Restaurante-espectáculo.

Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

Culturales y artísticos:

Auditorios.

Cines.

Plazas, recintos e instalaciones taurinas.

Otros recintos e instalaciones:

Pabellones de Congresos.

Salas de conciertos.

Salas de conferencias.

Salas de exposiciones.

Salas multiuso.

Teatros.

Deportivos:

Locales o recintos cerrados.

Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.

Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.

Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.

Galerías de tiro.

Pistas de tenis y asimilables.

Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.

Piscinas.

Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.

Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.

Velódromos.

Hipódromos, canódromos y asimilables.

Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.

Polideportivos.

Boleras y asimilables.

Salones de billar y asimilables.

Gimnasios.

Pistas de atletismo.

Estadios.

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Actividades recreativas:

De baile:

Discotecas y salas de baile.

Salas de juventud.

Deportivo-recreativas:

Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades.

Juegos y apuestas:

Casinos.

Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.

Salones de juego.

Salones recreativos.

Rifas y tómbolas.

Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.

Locales específicos de apuestas.

Culturales y de ocio:

Parques de atracciones, ferias y asimilables.

Parques acuáticos.

Casetas de feria.

Parques zoológicos.

Parques recreativos infantiles.

Recintos abiertos y vías públicas:

Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

De ocio y diversión:

Bares especiales:

Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.

Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

De hostelería y restauración:

Tabernas y bodegas.

Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.

Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.

Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.

Bares-restaurante.

Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.

Salones de banquetes.

Terrazas

ADEMÁS DE LOS INDICADOS ANTERIORMENTE NO NECESITARÁN MEMORIA JUSTIFICATIVA locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.

ANEXO III.- MODELO COMUNICACIÓN LA TRABAJADOR DEL ERTE (EJEMPLO MODELO A CONTINUACIÓN)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

NIF DE LA EMPRESA:

FECHA DE LA CARTA:

DESTINATARIO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR

DOMICILIO:

Muy Sr/A. nuestro/a:

Debido a la situación de alarma y confinamiento acordados por el Gobierno de España, y a las circunstancias y limitaciones a la libertad de circulación y a las contenciones en los ámbitos laborales, educativo, comercial, recreativo, hostelero, de restauración y demás restricciones impuestas por las autoridades españolas, a consecuencia de la emergencia surgida por la Pandemia internacional del Coronavirus (COVID-19), esta empresa se ve en la necesidad de cerrar el centro de trabajo situado en …………….., y en consecuencia a suspender de manera temporal el contrato laboral que le une a Vd. por causa de FUERZA MAYOR.

La suspensión temporal del contrato laboral comienza el día ………… (o le será comunicada mediante SMS), y finalizará en el momento en que desaparezca el estado de alarma y las limitaciones a la libertad de circulación y las contenciones en los ámbitos laborales, educativo, comercial, recreativo, hostelero, de restauración y demás que la ha ocasionado.

El fin de la suspensión le será comunicado tan pronto como se conozca por esta empresa, a los efectos de su incorporación a su puesto de trabajo y la reanudación de su relación laboral.

La correspondiente solicitud de suspensión temporal de empleo va a ser registrada con esta misma fecha, ante la autoridad laboral competente.

En la confianza de que comprenda que esta empresa se ve abocada a tomar esta decisión en contra de su voluntad, y que la misma es necesaria para la continuidad del empleo de sus trabajadores, aprovecho para quedar a su disposición para cualquier aclaración que precise.

Reciba un cordial saludo.

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13
Nov

¿ERES PROFESIONAL LIBRE Y SIGUES SIN ADAPTARTE AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS?

Como ya os avanzamos en nuestro anterior post, el pasado 25 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, por el cual todas las empresas, asociaciones y profesionales libres deben regirse a partir de ahora, pero lo cierto es que muchas empresas, y sobre todo muchos profesionales, tales como despachos de médicos especialistas, abogados, procuradores, arquitectos, arquitectos técnicos y otra gran diversidad de profesional de varios sectores siguen sin adaptarse al mismo.

La importancia de estar adaptado al nuevo Reglamento General de Protección de Datos se debe al hecho de la existencia de importantes sanciones que se derivan del incumplimiento de este Reglamento, siento estas sanciones elevadas en muchos de los casos y convirtiéndose en otra de las principales novedades a destacar con respecto a la ya derogada Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Queremos además resaltar que, en el caso de los profesionales libres mencionados, tales como médicos especialistas, abogados, procuradores, etc. se trata con datos especialmente sensibles y una fuga de este tipo de datos puede traer graves consecuencias, ya que esa filtración de información puede acarrear daños morales a la persona afectada y por tanto sanciones administrativas, penales, civiles y un largo etc, que pueden alcanzar un elevado importe para el profesional, de ahí la importancia de la rigurosa adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, ya que no sólo protege a los clientes de quien tratamos los datos, sino que la adecuada aplicación del Reglamento protege a los propios profesionales de incurrir en errores que puedan acarrearles graves sanciones.

En definitiva, si como profesional libre necesitas adaptarte al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, queremos que sepas que en Rosado & Asociados podemos ayudarte en esa adaptación. Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para tu caso concreto y te informamos sin compromiso. (TELÉFONO 927 22 05 81 / e-mail: info@rosadoasociados.es).

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07
Jun

ADAPTAMOS TU NEGOCIO AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD 2016/679)

             Muchos habéis escuchado hablar estas últimas semanas de la entrada en vigor, el pasado 25 de mayo, del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD 2106/679), concretamente el Reglamento que deroga la antigua Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y por el cual todas las empresas, asociaciones y profesionales libres deben regirse a partir de ahora.

            Para entender mejor la importancia de la adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos cabe destacar que incluye importantes novedades sobre la ya derogada Ley Orgánica de Protección de Datos, pudiendo destacar como novedad más importe el hecho de que el consentimiento por parte del cliente para el tratamiento de esos datos debe realizarse, a partir de ahora, de manera expresa, esto es, el cliente debe firmar e indicar mediante una casilla que el mismo podrá señalar, que consiente de manera expresa el tratamiento de sus datos, debiendo recogerse además en el documento para qué fines, entre otras cuestiones.

           Todos los cambios y novedades de este Reglamento General de Protección de Datos obligan a las empresas y profesionales libres a adecuar su negocio al nuevo RGPD, por ejemplo con la realización de formularios que deben estar disponibles a la hora de tomar los datos al nuevo cliente, y que deben contener una serie de premisas de acuerdo con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Además, deben realizarse cambios en las páginas webs, correos electrónicos de la empresa, etc, en los cuales deben indicarse con detalle ciertos aspectos en materia de protección de datos para cumplir con las exigencias del nuevo RGPD.

                Y debe cumplirse estrictamente con el Reglamento a fin de no estar expuesto a las importantes sanciones que se derivan del incumplimiento del mismo, siento estas sanciones muy elevadas en muchos de los casos y convirtiéndose en otra de las principales novedades a destacar con respecto a la ya derogada Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

               Con respecto a los trabajadores de las empresas, hay otra serie de novedades, ya que ellos son parte integrante de la misma y tienen por tanto acceso a los datos que en ella se pueden tratar, por lo que también deberán ser informados y firmar una serie de documentos conforme al nuevo Reglamento.

               Obviamente, no en todos los modelos de negocio se trata con los mismos datos, ya que no todos cuentan con el mismo nivel de sensibilidad. Hay casos en los que nos limitamos a recoger un nombre y un teléfono del cliente, y otros en que podemos tener en nuestras manos datos especialmente sensibles, puede ser el caso de profesionales como abogados, procuradores, médicos, etc. Tengamos en cuenta además que, una fuga de datos especialmente sensibles, puede traer graves consecuencias, ya que esa filtración de información puede acarrear daños morales a la persona afectada y por tanto sanciones administrativas, penales, civiles y un largo etc, que pueden alcanzar un elevado importe para el profesional, de ahí la importancia de la rigurosa adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, ya que no sólo protege a los clientes de quien tratamos los datos, sino que la adecuada aplicación del Reglamento protege a los propios profesionales de incurrir en errores que puedan acarrearles graves sanciones.

              En definitiva, si necesitas adecuar tu negocio al nuevo Reglamento General de Protección de Datos queremos que sepas que en Rosado & Asociados podemos tramitar esa adaptación, principalmente si eres un profesional libre, empresa, asociación, etc. Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para tu caso concreto y te informamos sin compromiso.

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13
Abr

I FORO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA (RED CETEIS)

El pasado  12 de abril, la  Consultora  Internacional Rosado & Asociados asistió como invitada en Badajoz al I FORO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN TRASNFRONTERIZA de la Red de Centros Transfronterizos de Apoyo al Emprendedor Innovador, proyecto  cofinanciado por el FEDER a través del Programa Interreg – POCTEP 2014-2020   #CETEISexport.

Se trataba de un encuentro transfronterizo para empresarios y emprendedores de Extremadura, Alentejo y Zona Centro de Portugal, cuyo objetivo era crear oportunidades de negocio y relaciones comerciales y tecnológicas de ámbito nacional y transnacional, con potencial exportador y con la posibilidad de contactar  con  las  Consultoras de Internacionalización invitadas , como Rosado &Asociados, para  animar en el proceso de internacionalización e informarse y resolver dudas, contando para ello  con  un espacio individualizado en el que mantener reuniones con los empresarios.

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21
Nov

JORNADA GRATUITA DE EXPORTACIÓN PARA EMPRESAS EXTREMEÑAS

La Consultora Rosado & Asociados, en  colaboración con la Excma. Diputación de Badajoz, como broche  del  Programa EXPERTA  (Servicios de Asistencia Técnica Experta en Internacionalización e Innovación para Pymes de la Provincia de Badajoz), va a desarrollar una Jornada  de Internacionalización GRATUITA el jueves 23 de Noviembre en Villafranca  de los Barros, destinada tanto a las empresas que han participado en el mismo como a cualquier otra, tanto de la Provincia de Cáceres como de Badajoz, que esté interesada en obtener información de relativa a la exportación para empresas extremeñas.

En la Primera parte de  la jornada contaremos con la colaboración de D. Miguel  Ángel  Martín Martín,  Presidente Fundador de ACOCEX (Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior)  Presidente de INFEBEX (Federación Internacional para la Promoción  y el Desarrollo de Negocios y Comercio Exterior) y Vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispano Albanesa, entre otros, que bajo el Título “EXPORTAR ES FÁCIL SI QUIERES HACERLO. LA ACTITUD ES LO QUE CUENTA”, nos hablará de cómo pasar de una empresa local a una internacional  desde el punto de vista práctico, contando con ejemplos reales de casos de éxito y de fracasos.

En una segunda parte técnicos expertos del Departamento Económico de Comercio Exterior de Banca Caixa Geral nos hablarán de los medios de cobro más seguros en el comercio Internacional.

Se trata de una jornada muy interesante  tanto para aquellas empresas que estéis pensando en comenzar un proceso de internacionalización como para las que ya lo hayáis iniciado,  por lo que os animamos a que participéis.

Si queréis asistir sólo tenéis que enviar un correo a admon@rosadoasociados.es, indicando empresa y número de personas que asistiréis.

Os esperamos.

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